El gobierno nacional deberá prepararse para aguantar el chaparrón que se le vendrá encima por haber permitido la “fuga controlada” de los secuestradores de la agencia bancaria del Banco Provincial en la ciudad de Altagracia en el Estado Guarico. Por casi unanimidad los gobiernos mantienen una política de no negociar con secuestradores. Tal estrategia busca detener el convertir tan horrible delito, en una industria de dimensiones incalculables, aunque el precio que se tenga que pagar en cada caso en particular, sea el de la muerte de algunos rehenes.
En el caso del secuestro de más de treinta personas dentro de una agencia bancaria, estamos seguros que se agregó en la mente de las altas autoridades del gobierno nacional, el tema de los “rehenes” de la FARC. El gobierno nacional fue puesto a prueba en su propio territorio al tener que lidiar con un secuestro múltiple de cobertura mediática nacional e internacional. El Ministro de Interior y Justicia que fungía de mediador en este caso, es el mismo que actuó como intermediario con la FARC en la entrega de Clara Rojas y Consuelo Gonzalez. En consecuencia de lo anterior, el efecto espejo en ambos lados de la frontera era inevitable y los “secuestradores” quizás sin saberlo se beneficiaron de tal coyuntura.
Debe quedar claro que cuando el gobierno nacional decidió convenir en la “huida negociada” de los plagiarios en el caso del secuestro en el estado Guarico, no solo estaba lidiando con el rapto de clientes bancarios en un estado llanero de nuestro país. También lo hacia con quienes piensan que a las FARC hay que “cercarlas militarmente ” para obligarlos a entregar sus rehenes, tal y como apenas días atrás lo declaró el Presidente Colombiano a algunos medios de comunicación. El Presidente Chávez no podía correr el riesgo de una operación militar para rescatar a los rehenes de los secuestradores bancarios, ya que tal acción significaría darle la razón a Uribe en aplicar la misma “medicina” a los guerrilleros colombianos y sus “prisioneros”.
El “camino dorado” abierto a los secuestradores hubiera sido impensable en cualquier otra oportunidad. No recordamos el haberse jamás facilitado el escape a un grupo de secuestradores con botín y todo, a cambio de liberar sus rehenes. Es obvio que el gobierno nacional se ha visto atrapado en sus propias palabras en el caso de los secuestrados de la FARC y la “obligación de negociar con esta”. No dudamos que los rehenes y sus familiares junto con el pueblo venezolano se sentirán aliviados con el resultado. Pero también es cierto que el gobierno a su más alto nivel terminó doblegado por cuatro malandros que, habiendo sido acorralados a tiempo por un solo policía, terminaron derrotando a todos los cuerpos de seguridad del estado Venezolano cuando huyeron con el auxilio de las propias autoridades.
Lo que resultará ser una de las más grandes muestras de debilidad de gobierno alguno ante unos delincuentes comunes pudiera, para algunos, ser el precio que hemos tenido que pagar por defender la postura del Jefe de Estado ante los secuestros de la FARC.
Una mala política internacional se convirtió solo en horas, en un pésimo antecedente nacional.
Opinión
Braulio JATAR
Noticiero Digital
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