31 de enero, 9:00 de la mañana. Esa es la fecha y la hora en la que está previsto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebre el quinto juicio contra Venezuela por la presunta violación de las garantías fundamentales de algunos de sus ciudadanos.
En esta ocasión, el tribunal hemisférico, con sede en San José (Costa Rica), conocerá el caso de la destitución de los magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, hecho ocurrido en octubre de 2003.
Los abogados Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha, Ana María Ruggeri, Luisa Estella Morales (actual presidenta del Tribunal Supremo) y Evelyn Marrero (presidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ) fueron removidos de sus puestos como miembros del segundo juzgado de mayor jerarquía en el país por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial hace más de cuatro años, por la supuesta comisión de un "error inexcusable".
La medida, la cual implicó el cierre del tribunal durante varios meses, fue adoptada después de que la Corte, con los votos de Apitz, Rocha y Ruggeri, adoptara resoluciones consideradas como contrarias a los intereses del gobierno del presidente Hugo Chávez, tales como la que anuló los procedimientos administrativos seguidos contra varios oficiales involucrados en los sucesos de abril de 2002, la cual ordenó a los militares a devolverle a la Policía Metropolitana sus equipos y armas y la mandó al Ejecutivo Nacional a sustituir a los médicos cubanos del plan Barrio Adentro por venezolanos.
Apitz, Perkins y Ruggeri cuestionaron en ese momento la legalidad de resolución en su contra, por cuanto consideraban que el órgano disciplinario de los jueces no era competente para destituirlos y que la única facultada para ello era la Sala Plena del TSJ, instancia que los nombró en el año 2000.
Los ex magistrados interpusieron varias acciones ante las salas Constitucional y Político Administrativa, varias de las cuales todavía no han sido resueltas; y por ello en abril de 2004 denunciaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Apitz, Perkins y Rocha acusaron al Estado de vulnerarle su derecho al debido proceso y señalaron al Gobierno de interferir en el Poder Judicial. La denuncia fue admitida en el año 2005 y luego en 2006 decidió presentar una demanda ante la Corte de San José vista la negativa de las autoridades de restituir a los accionantes a sus puestos y de compensarlos económicamente.
Consultado sobre el asunto, Aptiz señaló: "Llevaremos la denuncia hasta las últimas consecuencias (...) Basta ya de una justicia que se conciba como un ajuste de cuentas".
Fuente: El Universal
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