Ningún país de América tiene una legislación penal como la que ha propuesto la fiscal general de la República, Luisa Ortega, para castigar hasta con cuatro años de cárcel lo que el Ministerio Público y un juez puedan calificar de delito mediático. Si el proyecto presentado a la Asamblea Nacional por la máxima autoridad del Ministerio Público (la institución garante de la legalidad en el país) se convierte en ley, Venezuela acelerará su marcha atrás en materia de libertad de expresión.
Frank La Rue, relator especial para la libertad de expresión de la ONU, advierte que este tipo de normativas sólo tiene cabida en regímenes en los que priva el fundamentalismo político o religioso. "Este es el mayor retroceso en materia de libertad de expresión desde la restauración de la democracia en América Latina", afirma el representante del Comité para la Protección de los Periodistas, Carlos Lauría.
Mirada al sur. Héctor Faúndez, director del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la UCV, asegura que la propuesta de Ortega se parece a la legislación que impuso Augusto Pinochet contra la prensa en Chile o a algunas medidas violatorias de la libertad de expresión e información durante la España franquista: "No conozco una legislación parecida en países democráticos".
Carlos Lauría también equiparó el proyecto con algunas restricciones a la comunicación ejecutadas en Argentina, en tiempos del dictador Jorge Rafael Videla, a partir de la doctrina de la seguridad nacional. Desde el Cono Sur se emprendieron las iniciativas más exitosas para recuperar la posibilidad de informar sin temor a represalias.
El asesor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa Francisco Iturrazpe recordó la historia del periodista argentino Horacio Verbitsky, condenado a prisión por utilizar el adjetivo asqueroso para referirse a un magistrado de la Corte Suprema de Argentina.
El caso fue elevado ante el sistema interamericano de derechos humanos. Se determinó que las leyes de desacato son incompatibles con el ejercicio del derecho a la libre expresión y a la información, por lo cual Argentina accedió a ajustar su legislación penal a los estándares internacionales.
Chile saldó cuentas con la aprobación de una nueva ley de prensa en 2001, la cual derogó una disposición que permitía a los jueces prohibir a los medios referirse a algunos casos policiales o políticos.
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