sábado, 29 de agosto de 2009

Por PROTESTAR dictan privativa de libertad contra los 11 empleados de la alcaldía mayor

El consultor jurídico Carlos Guevara ha confirmado que fue dictada una medida privativa de libertad contra los 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana detenidos. Asimismo, se ha ordenado su traslado al retén de La Planta.

Entre los delitos que se le imputan a los ciudadanos están lesiones graves y obstrucción de las vías públicas.

Estos trabajadores fueron aprehendidos en las adyacencias del Panteón Nacional, mientras realizaban acciones de protesta que, según el Ministerio Público, causaron “alteraciones del orden público y lesiones a un funcionario de la Policía Metropolitana (PM)”, hecho ocurrido este miércoles 26 de agosto en horas del mediodía.

Los nombres de los detenidos son los siguientes: Carlos Lozada Villegas, Abello Álvarez, Omar Rodríguez, Gustavo Aponte, Gerardo Jesús González, Xisto Antonio Gómez, Jaer Antonio Pulido, Yumar Oscar Figueroa, Alexander Ronald, Viña Figueroa y Lixido José Solarte.

La detención de este grupo de personas se produjo cuando participaban en una marcha de trabajadores de la Alcaldía Mayor hacia el Tribunal Supremo de Justicia, con la intención de entregar un recurso de amparo contra la Ley Especial del Régimen Municipal a Dos Niveles del Área Metropolitana, que posteriormente fue sancionada por la Asamblea Nacional.

Sin embargo, se suscitó una situación irregular en la manifestación y los trabajadores denunciaron que fueron “reprimidos” con bombas lacrimógenas por los cuerpos policiales, en tanto que 11 de sus compañeros fueron detenidos.

Este es el comunicado emitido por el Ministerio Público, referente al caso:

Ante la solicitud realizada por el Ministerio Público, fueron privados de libertad 11 personas por presuntamente causar alteración del orden público y lesiones a un funcionario de la Policía Metropolitana (PM), hecho ocurrido este miércoles 26 de agosto en horas del mediodía, en Caracas.

En la audiencia de presentación, la fiscal 72° del área metropolitana de Caracas y su auxiliar, María del Carmen Fuentes e Israel Efraín Pérez, respectivamente, imputaron a Carlos Lozada Villegas, Abello Álvarez, Omar Rodríguez, Gustavo Aponte, Gerardo Jesús González, Xisto Antonio Gómez, Jaer Antonio Pulido, Yumar Oscar Figueroa, Alexander Ronald, Viña Figueroa y Lixido José Solarte, por la presunta comisión de los delitos de resistencia a la autoridad y atentado contra la seguridad en la vía, previstos en el Código Penal.

Respecto a González, López y Figueroa, se les imputó por la presunta comisión del delito contra los sistemas que utilizan tecnología de información, conforme a la Ley Especial de los Delitos Informáticos.

Igualmente, a López, Solarte, Viña y Rodríguez se les imputó el delito de lesiones graves, previsto en el artículo 415° en concordancia con el artículo 83° del Código Penal.

El Ministerio Público en virtud de todos los elementos de convicción, solicitó la medida privativa de libertad. En ese sentido, el Tribunal 50 en funciones de Control del AMC, acogió la imputación fiscal realizada, así como la solicitud de medida privativa judicial y ordenó la reclusión de los imputados en el Centro de Reeducación y Trabajo Artesanal de El Paraíso, conocido como “La Planta”, hasta la presentación del acto conclusivo en el lapso reglamentario establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.

De acuerdo con la información preliminar, un grupo de personas realizaron una marcha cerca de los alrededores del Tribunal Supremo de Justicia, presuntamente con la idea de acompañar a quienes trataban de introducir una acción legal ante esa instancia.

En medio de este contexto, se requirió la intervención de una comisión mixta de funcionarios de la PM, situación que habría generado un enfrentamiento en el que resultaría un policía herido y fueran aprehendidos los 11 hombres.

viernes, 21 de agosto de 2009

¿Es irresponsable quedarse aquí?

¿Por qué vas a dejar que te lo quiten unos malandros que pretenden destruir el país?

He pasado tanto tiempo defendiendo la tesis de permanecer en el país, que olvidé los argumentos de muchas personas que han decidido marcharse. Quizás porque mi tesis de quedarse gana en términos emocionales. Obviamente nadie quiere abandonar lo suyo. El costo personal es gigante. Serás un extranjero donde vayas. Se complica tu desarrollo profesional y de negocios, toda vez que pierdes dos activos invalorables: el conocimiento de tu terreno y la red social y laboral de tu patio. Todo esto sin contar con los colores del Ávila, Los Roques o la arepita de queso telita, de La Múcura, con una Solera Light, echando cuentos con tus panas. Te eriza el sólo pensar en perderlos y el sentimiento se potencia cuando vas más allá y te preguntas: ¿por qué vas a dejar que te lo quiten unos malandros que pretenden destruir el país con base en un conflicto existencial primitivo, que nos está llevando al despeñadero? No hace falta recordar los argumentos de quienes creen que es un error quedarse: "Mira, pedazo de rana a fuego lento, esto se j& y lo que tu idealizas como país ya no existe y sólo tiende a empeorar, sin que individualmente podamos hacer algo para evitarlo". Ante ese argumento siempre tuve respuestas. Las cosas pasan porque dejamos que pasen. La articulación de quienes desean defenderse ocurrirá tarde o temprano, cuando la gente se percate de que es mucho mejor que los mediocres que pretenden representarla. Mi posición de quedarse tiene, además, un argumento impecable: no podría mirarle a la cara a mis morochos cuando me pregunten por qué me fui sin defenderme. Suena bonito, ¿no? Casi se puede usar como un eslogan para una campaña nacional a favor de quedarse y luchar.

Pero esta semana una simple pregunta me sacó la alfombra. Estábamos reunidos en casa (por seguridad) con unos amigos extranjeros. Les conté algo que me tiene realmente preocupado. Hace mucho tiempo, la inseguridad representa el primer problema de los venezolanos (52% de la primera respuesta), pero en realidad, en mi entorno cercano, el ataque del hampa se limitaba a cosas menores. Algunos relojes robados y más recientemente el celular de mi esposa. Aunque se trata de eventos que dan rabia y representan peligro, no podría decir que me movieron el piso. Sin embargo, el asesinato reciente del hijo único de una prima para robarle el carro, tres secuestros express de amigos muy cercanos y un secuestro duro al novio de otra amiga, son algo dramáticamente distinto. La mamá, destrozada, me gritó en la mitad de la funeraria: "llévate a tus hijos de aquí antes de que sea demasiado tarde". Las historias de los secuestrados son espeluznantes, pero sólo las conocen los más cercanos, porque ninguno se atreve a denunciar nada, temiendo que el receptor de la denuncia sea el mismo que hablaba por radio mientras los ruleteaban. La primera pregunta de mis invitados era natural: ¿y crees que eso lo resolverá el Gobierno en breve? La respuesta era muy fácil: nada que ver. Siendo sincero, ni siquiera están intentándolo. No pueden entrar a los barrios, tomados por las bandas armadas y el narcotráfico. El secuestro se ha convertido probablemente en el negocio más rentable del país. El Gobierno no tiene capacidad para abordar el tema, pero peor aún, no tiene interés en inmiscuirse porque, por ahora, la gente no lo responsabiliza y es mejor no hablar de la soga en la casa del ahorcado. La segunda pregunta me desencajó: Luis Vicente: ¿y no es irresponsable de tu parte vivir aquí y hacerle esto a tu familia, sabiendo que no puedes protegerlos? Sudé frío al imaginar cualquier cantidad de episodios terribles. Y me dieron náuseas. Por favor, ayúdenme a responderles que no soy un irresponsable por vivir aquí& porque yo sólo atiné a subir a mi cuarto, mudo& y desde esa noche no he vuelto a dormir.

lvleon@cantv.net

LOE, leer con mucha calma

Ley Organica de Educacion (ultima version)

miércoles, 19 de agosto de 2009

DESOBEDIENCIA

Venezuela hace rato no tiene presidente, el tipo este que gobierna esta loco de atar, y no ha habido nadie que lo lleve a juicio por la locura... este hombre no es capaz ni de tener una familia estable, menos un país...en fin sigo sin reconocer al tipo como "presidente", la impunidad se carcome MI país. y los chavistas insisten en que es un problema mediático, de seguro los miles de muertos en 10 años son culpa de la TV ,que ignorantes son, que triste ver gente que se la da de inteligente defendiendo lo indefendible... como van las misiones? Cuantos niños hay en las calles? cuantos hospitales funcionan en un 100%? Cuantas personas tienen casas dignas, cuantas se han construido este año? Tienes un buen seguro médico? Te alcanza el dinero para comprar tus alimentos? Pagas a tiempo la renta de tu vivienda? tienes para comprar las medicinas?

En fin que viva la revolución podrida, que como toda dictadura fracasará... el odio generado ,las familias separadas, la violencia desatada , la impunidad, el alto costo de la vida, el racismo en su máxima expresión, la pelea de clases, tienen un precio muy alto por pagar, y de seguro tendrán que pagarlo todos los que han hecho de Venezuela la pocilga que es hoy...

lunes, 3 de agosto de 2009

Venezuela será el único país que penalice delitos mediáticos

Venezuela a la vanguardia !! ya no es solo país que cobija delincuentes, cierra canales de televisión, mete preso a los policías y deja en la calle a los matones a sueldo, condenan inocentes con pruebas que nunca aparecen a la luz publica, los policías roban sin ningún castigo, vende armas a grupos como las FARC ,ELN etc... Los embajadoras nunca estudiaron diplomacia, el canciller de la república era un chófer de autobús, la asamblea no admite elecciones para que no les quiten el curul oficialista a mas de uno, los ministros manejan hasta TRES ministerios como si de abastos se tratara, y ahora una legislación penal de delitos mediáticos, wow este país si que avanza a paso de vencedores.

Ningún país de América tiene una legislación penal como la que ha propuesto la fiscal general de la República, Luisa Ortega, para castigar hasta con cuatro años de cárcel lo que el Ministerio Público y un juez puedan calificar de delito mediático. Si el proyecto presentado a la Asamblea Nacional por la máxima autoridad del Ministerio Público (la institución garante de la legalidad en el país) se convierte en ley, Venezuela acelerará su marcha atrás en materia de libertad de expresión.

Frank La Rue, relator especial para la libertad de expresión de la ONU, advierte que este tipo de normativas sólo tiene cabida en regímenes en los que priva el fundamentalismo político o religioso. "Este es el mayor retroceso en materia de libertad de expresión desde la restauración de la democracia en América Latina", afirma el representante del Comité para la Protección de los Periodistas, Carlos Lauría.

Mirada al sur. Héctor Faúndez, director del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la UCV, asegura que la propuesta de Ortega se parece a la legislación que impuso Augusto Pinochet contra la prensa en Chile o a algunas medidas violatorias de la libertad de expresión e información durante la España franquista: "No conozco una legislación parecida en países democráticos".

Carlos Lauría también equiparó el proyecto con algunas restricciones a la comunicación ejecutadas en Argentina, en tiempos del dictador Jorge Rafael Videla, a partir de la doctrina de la seguridad nacional. Desde el Cono Sur se emprendieron las iniciativas más exitosas para recuperar la posibilidad de informar sin temor a represalias.

El asesor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa Francisco Iturrazpe recordó la historia del periodista argentino Horacio Verbitsky, condenado a prisión por utilizar el adjetivo asqueroso para referirse a un magistrado de la Corte Suprema de Argentina.

El caso fue elevado ante el sistema interamericano de derechos humanos. Se determinó que las leyes de desacato son incompatibles con el ejercicio del derecho a la libre expresión y a la información, por lo cual Argentina accedió a ajustar su legislación penal a los estándares internacionales.

Chile saldó cuentas con la aprobación de una nueva ley de prensa en 2001, la cual derogó una disposición que permitía a los jueces prohibir a los medios referirse a algunos casos policiales o políticos.

Mas ácido:El Nacional

Edición que ácidos