domingo, 21 de febrero de 2010

Protestar es delito

En nueve días de manifestaciones resultaron 85 personas detenidas, 100 heridos, 2 fallecidos, un promedio de 3 a 4 protestas por día y 30 estudiantes pasados a tribunales. Por Francisco Olivares

De los hechos violentos que se produjeron durante la última semana de enero por las protestas por la salida de RCTVI, sólo el sector estudiantil ha sido reprimido y perseguido por la justicia. (Cortesía Caribe Focus)

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En nueve días de protesta en las calles de varias ciudades del país, entre el 23 y el 31 de enero, 85 estudiantes resultaron detenidos y algunos de ellos pasados a los tribunales de justicia. Durante esos días se produjo la muerte de dos estudiantes, hubo cien heridos como consecuencia de gases lacrimógenos y sustancias prohibidas utilizadas para reprimir manifestaciones, perdigones, disparos de bala y golpes. Igualmente se registraron agresiones armadas contra viviendas, violación de propiedad por parte de grupos armados identificados con el oficialismo, quema de automóviles y ataques a líderes opositores que se extendieron hasta sus viviendas.

Pero de esa semana cargada de violencia donde actuaron sectores estudiantiles y civiles, grupos oficialistas armados, grupos de activistas del PSUV, las policías regionales y la Guardia Nacional, sólo los estudiantes recibieron toda la carga judicial, imputados por los hechos ocurridos aunque participaran diversos actores.

Nuevamente el detonante de estas protestas fue el caso del segundo cierre de RCTVI y la defensa de la libertad de expresión a lo que se le sumó el problema eléctrico y el racionamiento que intentó imponer el Gobierno.

De los 85 detenidos 55 lograron salir con libertad plena, pero otros 30 estudiantes fueron pasados a juicio con régimen de presentación cada 30 días y prohibición de participar en protestas públicas.

La listas de detenciones fueron aportadas por una red nacional formada para la defensa de las víctimas en el sector estudiantil llamada Defensores Activos Voluntarios, organizada por la ONG Foro Penal como una manera de asistir jurídicamente en la etapa inicial a quienes fueron detenidos durante esos sucesos.

A juicio del abogado del Foro Penal, Alfredo Romero, el Gobierno está utilizando un esquema de represión que criminaliza la protesta que se viene experimentando desde el pasado año.

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