Terrorismo judicial

Que un tribunal haya pasado despectivamente por encima de todos los procedimientos legales, que haya pisoteado hasta el cansancio el derecho a la defensa, que haya desconocido los testimonios de los testigos y que, incluso, la Fiscalía se atreviera a tergiversar la declaración de uno de ellos para así poder condenar a penas crueles e infames a los comisarios de la Policía Metropolitana, sólo nos revela el pantano moral en que está hundida la justicia bolivariana.

De aquella revolución chavista que se atrevió a tratar de limpiar el poder judicial a este mamotreto que tenemos hoy no sólo hay un abismo inmenso, sino una desmoralización total y absoluta.

Ya no es ni Poder ni mucho menos Judicial: es un adefesio integrado por una larga fila de funcionarios arrodillados, como si estuvieran pagando penitencia para que no los alcance algún día la brutalidad militar, con la boina roja en la cabeza para así amordazar las ideas y, de paso, colocarle esposas a la dignidad personal, a la ética y a la práctica jurídica.

Cuando se condena a alguien (como es el caso de los comisarios de la Policía Metropolitana) sin cumplir con los requisitos que manda la ley, en un juicio a todas luces amañado desde sus inicios y tomando ventajas de la indefensión de las víctimas ante lo que públicamente ha deseado el Presidente de la República, entonces podemos hablar de una nueva forma de terrorismo judicial.

Un terrorismo que tiene su base principal en el hecho de que los ciudadanos pueden acudir a los tribunales a dirimir sus conflictos siempre y cuando no afecten la sensible piel del Presidente de la República. En caso contrario, de nada vale tener un buen abogado, cumplir con los requisitos judiciales exigidos o demostrar la inocencia con un alud de pruebas. Está condenado de antemano, a menos que haga una autocrítica pública y, como en la desaparecida Unión Soviética o en la Cuba actual, se reconsidere su caso.

Los venezolanos no somos ni soviéticos ni cubanos: somos, valga la redundancia, demócratas convencidos y militantes persistentes de la vigencia de las libertades. Que se haya condenado "a 17 y 30 años de cárcel a 3 comisarios y 6 policías metropolitanos acusados de asesinato de manifestantes", sólo nos demuestra la capacidad del régimen de engañarse a sí mismo, de manipular los hechos ocurrido el 11 de abril de 2002 y querer darle protección a los verdaderos asesinos. Y eso sí es judicialmente grave.

Lo peor es que el Gobierno y el presidente Chávez ni siquiera tomaron en cuenta los testimonios de los periodistas que estaban en el lugar de los hechos. Mientras los chavistas estaban acurrucados de miedo en Miraflores y sus alrededores, los periodistas se jugaban la vida ante los disparos que se hacían desde el edificio La Nacional, sede alterna de la alcaldía de Libertador. Los muertos cayeron de espaldas (en ángulo norte-sur) en la avenida Baralt, y los disparos no eran precisamente de armas cortas. De eso hay cantidad de fotos para identificar a los asesinos.