Si democracia fuera pasar por las urnas, la Venezuela de Hugo Chávez sería la primera democracia del mundo. Quince veces, nada menos, han votado ya los venezolanos desde 1998. La última, el domingo, para decidir por segunda vez si Chávez puede seguir o no en la presidencia a partir de 2013.
Que, a pesar de tantas votaciones, en las listas de Freedom House el país siga entre las semidemocracias o naciones parcialmente libres y que en el índice democrático del 'The Economist' ocupe el puesto 93, en un grupo de regímenes calificados de "híbridos" que encabeza Albania y cierra Irak, indica que mucha votación no siempre es sinónimo de más libertad.
La enmienda constitucional, aprobada por más de un 54% de los votantes, legaliza la reelección ilimitada de los cargos electos y permite a Chávez presentarse de nuevo, por tercera vez consecutiva, a las presidenciales de 2012. "Estaba en juego mi destino político y el de la revolución bolivariana", ha repetido Chávez hasta la madrugada del lunes.
Con este plebiscito, Chávez culmina el proceso iniciado nada más reconocer la derrota en el referéndum del 2 de diciembre de 2007, cuando una mayoría probablemente mayor que la anunciada oficialmente rechazó las enmiendas propuestas a 69 artículos de la constitución.
En los meses siguientes, burlando la decisión de los venezolanos en las urnas y aprovechando su control absoluto de la Asamblea Nacional y de los Tribunales, fue imponiendo las reformas mediante "leyes habilitantes" que los legisladores aprobaron sin quitar una coma, entre ellas el decreto 6130, que establece los valores de una economía socialista. Centenares de políticos de la oposición han sido inhabilitados para ocupar cargos públicos por supuestos actos de corrupción o faltas administrativas.
La corrupción, desde luego, no ha dejado de aumentar en la década chavista, pero, como señala Transparencia Internacional en sus últimos informes, que sitúan a Venezuela como el segundo país, tras Haití, más corrupto de América, por culpa, sobre todo, de la pésima gestión del régimen desde que nacionalizó la empresa nacional de petróleo, PDVSA, en 2002 y empezó a utilizar sus beneficios –que en 10 años se multiplicaron por cinco- como su caja fuerte personal, sin rendir cuentas a nadie.
La caída en picado de los precios del crudo en los últimos meses y la crisis económica mundial han influido, seguramente, en la decisión de convocar el referéndum a comienzos de 2009. Esperar no le ayudaba en nada, pues con menos recursos para programas sociales, con los que tiene asegurados millones de votos de las clases más humildes, su popularidad no va a mejorar a corto plazo.
Catorce meses después del último referéndum y tres meses después del avance de la oposición en las elecciones regionales, Chávez buscaba la revancha y luz verde para acelerar su proyecto socialista.
Como en elecciones anteriores, la oposición, dividida y acosada, esta vez tampoco disponía de representantes para vigilar muchos de los 11.297 centros electorales, mientras que el Gobierno ha contado con decenas de miles de vigilantes a sueldo por todo el país, pagados por las instituciones en manos de los chavistas, para asaltar oficinas de la oposición y amenazar a sus dirigentes.
Venezuela, tras diez años de chavismo, es un país dividido casi por la mitad, con enormes dificultades para conseguir información independiente o imparcial, y con discursos irreconciliables.
Según Chávez, en los diez años que lleva en la presidencia la pobreza extrema se ha reducido del 42% al 9’5%, se ha invertido el 4’2% del PIB en sanidad, el paro se ha rebajado en un 50% y desde 2005 se ha acabado con el analfabetismo. Con cifras de las organizaciones internacionales más solventes, la oposición asegura que Venezuela padece la inflación (31% en 2008 y subiendo) y la corrupción más altas de toda América, uno de los índices más elevados de delincuencia, criminalidad y violaciones de Derechos Humanos, y un millón, al menos, de analfabetos, los mismos que en 2003.
Seguramente la verdad esté en el medio, pero más allá de las cifras los principales observadores independientes que han analizado con atención la gestión de Chávez coinciden en que la "autocracia electa" bolivariana (definición de Michael Reid) cada día se parece más a las dictaduras de siempre. Lo sorprendente de Chávez es que no lo oculta. Hasta el mismo día del referéndum ha pedido en público y en privado diez años más o, para ser exactos, "hasta 2021 para consolidar un sistema socialista y desafiar a los EE.UU. en Latinoamérica".
Fuente:El Mundo (España)
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