NEW YORK -- Absolutamente preocupada se encuentra la HRF al percatarse de la situación de violación de derechos humanos en Bolivia relacionada con las prácticas de “justicia comunitaria”, fundamentalmente cuando en la actualidad a través de la Asamblea Constituyente, el gobierno de Evo Morales pretende otorgarle rango constitucional y equipararla a la justicia ordinaria.
La justicia comunitaria está basada en los usos y costumbres, y permite que los líderes de las diferentes comunidades indígenas puedan tomar la justicia por sus propias manos. Su aplicación ha dejado un saldo entre noviembre de 2005 y septiembre de 2007 de veintiocho (28) casos que van desde servicio a la comunidad hasta pena de muerte, incluyendo chicotazos o azotes y hasta crucifixión.
Es el caso por ejemplo del Alcalde de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, quien fue secuestrado en junio de 2004 por un grupo de indígenas. Ayo Ayo es una localidad ubicada a unos 90 kilómetros de la Paz. Luego de ser secuestrado, Altamirano fue trasladado por la turba a Ayo Ayo donde fue linchado, apedreado, colgado y finalmente quemado vivo. Él había sido acusado de malversación por ante el sistema de justicia ordinario de Bolivia, ante el cual nunca se demostró su culpabilidad. Es el caso de mujeres que han sido enterradas vivas por acusaciones de adulterio; de José Luis López, de 26 años, quien por ser confundido con un ladrón fue objeto de torturas y amarrado a un árbol de hormigas, del que fue rescatado por la policía, todo lo cual hace que hoy padezca secuelas renales y neurológicas significativas; de Marcelino Rojas Parra, de apenas 16 años de edad, quien fue golpeado con palos y piedras hasta morir, luego de ser arrebatado de manos de la policía rural quien lo había detenido bajo sospecha de robo de una motocicleta; y así, muchos otros. La Human Rights Foundation ha realizado un informe al respecto que hoy hace público a través de su página web (www.laHRF.com).
“Esto es absolutamente alarmante y violatorio del derecho a la vida, a la integridad personal y al debido proceso, entre otros derechos humanos. Si ha de establecerse formalmente la ‘justicia comunitaria’, la misma tiene que estar supeditada a la justicia ordinaria y ser susceptible de monitoreo y revisión constante para garantizar su correcta administración. De lo contrario estaríamos en presencia de una gran ‘injusticia comunitaria’”, dijo el presidente de la HRF, Thor Halvorssen.
“Uno de los puntos más preocupantes de este asunto es que el Proyecto de Ley de Justicia Comunitaria de los Pueblos Indígenas-Originarios y Comunidades Campesinas, que busca regular la administración de justicia bajo la égida comunitaria, obliga a las comunidades indígenas y campesinas a utilizar dicho sistema”, señala el informe.
De allí que la HRF contemple en dicho informe, cuatro (4) aspectos puntuales que debe tener presente el gobierno boliviano sobre la “justicia comunitaria” para garantizar que sus prácticas no degeneren en violaciones a los derechos humanos como lo ha sido hasta ahora.
La Human Rights Foundation (HRF) es una organización Internacional, apolítica, dedicada a defender los derechos humanos en el continente americano. La Fundación centra su trabajo en los conceptos entrelazados de autodeterminación y libertad. Estos ideales encuentran su más alta expresión en la creencia de que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de expresión, de asociación con personas de ideas afines. Las personas que viven en una sociedad libre deben recibir el mismo trato y debido proceso de conformidad con la ley y deben tener asimismo, la oportunidad de participar en los asuntos públicos de su país. De la misma forma, los ideales de la HRF están determinados por la convicción de que todos los seres humanos tienen el derecho a estar libres de detenciones o exilios arbitrarios, de esclavitud y tortura y de la interferencia y coerción en asuntos de conciencia. El Consejo Internacional de la HRF está constituido por individuos que fueron presos de conciencia como Vladimir Bukovsky, Palden Gyatso, Armando Valladares, Ramón J. Velásquez, Elie Wiesel, y Harry Wu.
Lea el informe acerca de justicia comunitaria en Bolivia aquí
2 comentarios:
me parece extraño que Human Rights Watch haga una cítica a una medida de Evo Morales, tomando en cuenta que uno de los padrinos mágicos de este gobierno y el de Chávez es George Soros, el mero mero de la HRW.
De todas manmeras creo que la medida de la justicia comunitaria es más compleja sociológicamente hablando que legalmente hablando.
El asunto es que el Estado no deje de tener control sobre las medidas que vayan a tomarse en cada comunidad para imponer sus normas.
Joaquín Leoni M.
Cochabamba-Bolivia
Me parece jun articulo sesgado tomando como base solamente el informe de la HRF, institucion que defiende los derechois humanos de los que pagan por ello, los casos de linchamiento no son justicia comnitaria, simplemente son delitos y deben ser castigados, la justicia comunitaria no incluye la pena de muerte como afirmas, el proyecto de justicia comunitaria es mucho mas amplio que simples asesinatos.
El hecho de que la poblacion haga justicia por sus manos es porque la policia no tiene la cantidad suficiente para evitar los delitos, una consecuencia del neoliberalismo de 20 años en bolivia.
Vicam-Bolivia
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